Después de ejecutarse una orden de aprehensión a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la ciudadana M. de los A.C.S. fue presentada ante un Juez de Control donde esta representación social le formuló la imputación por el delito de falsedad de declaraciones judiciales e informes a una autoridad y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la indagatoria realizada por los especialistas de la FGE, la acusada buscaba obtener una ventaja ilícita en perjuicio de su ex esposo, a quien le causó un daño patrimonial a pesar de saber que el vínculo matrimonial se encontraba legalmente disuelto desde el año 2004, pero en enero de 2021 comenzó a realizar diligencias ante un juez de lo familiar para obtener una pensión de parte de su ex cónyuge, motivo por el que se presentó la formal querella que derivó en la causa penal 360/2022.
Durante la audiencia celebrada ante el Juez Primero de Control en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y argumentaron la vinculación a proceso, pero la acusada solicitó que su situación se resolviera dentro del plazo de las 144 horas, por lo que la autoridad judicial citó a las partes para reanudar la diligencia el próximo cinco de septiembre.
Por último, antes de concluir la audiencia, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva como medida cautelar, la cual fue concedida por el Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.